EDITORIAL

El 6 de mayo de 1976, la dictadura cívico militar decretó la disolución de la Institución Teatral El Galpón, cancelándole su personería jurídica, clausurando sus locales y procediendo a la incautación de todos sus bienes. En su Art. 3º, se destina el uso de la sala ubicada en 18 de Julio, a la Universidad de la República y se instruye la entrega del local de la calle Mercedes a su propietario, asegurándose la desaparición definitiva de esa sala teatral. En pocas palabras, ese 6 de mayo de 1976, se produce el robo más grande de la historia de nuestro país a una Institución Cultural. Primero entró el ejército y se llevó todo lo que pudo. Luego seguiría el robo de artículos más sofisticados, técnicos y de un valor no cuantificable como archivos, biblioteca, obras de arte, vestuario, equipos de audio, etc. El resultado de 27 años de trabajo de centenares de personas.
En la foto de portada se puede comprobar cómo siguió el procedimiento: se le cambia el nombre a la sala de «El Galpón» por el de «18 de Mayo»; se le coloca el escudo nacional, la bandera uruguaya y un funcionario policial en la puerta. Elocuente resulta el vacío y la soledad en las calles.
En el año 1985, el entonces presidente electo Dr. Julio María Sanguinetti, procede a la devolución de los bienes que lograron sobrevivir al saqueo y El Galpón recupera su personería jurídica. En ese contexto histórico, la Institución desestima el camino judicial para reclamar las pérdidas. Era comprensible, no sólo había que reconstruir un teatro, sino un país donde poder hacer teatro. Para ubicarnos en aquel momento, tengamos presente sólo un dato: los presos políticos seguían en la cárcel.
El Galpón se propone la reconstrucción a partir del apoyo popular y de sus propias fuerzas. Los daños ocasionados por el terrorismo de Estado pasarían a consideración de los diferentes gobiernos y no por los juzgados. ¿Se puede cuantificar ese daño? Como ya señalamos, se perdió totalmente la Sala Mercedes y el Estado hizo uso de la Sala 18 (actualmente César Campodónico) por un período de 107 meses. Esto es perfectamente cuantificable y vaya a modo de ejemplo el resultado del estudio realizado por la Consultora Villamide (de indiscutible prestigio y seriedad ), que concluye que sólo por concepto de alquiler de la sala Campodónico, el Estado debería haber pagado U$S 2.884.186 (dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y seis dólares). A esto habría que agregarle el arrendamiento de 10 años de la sede (600 m2 en la parte superior del edificio sobre 18 de Julio), donde funcionó hasta 1986 la Escuela Nacional de Danza y no cuantificado en el estudio de la referida Consultora. Es más que probable que la cifra que el Estado debería haber pagado sólo por concepto de alquileres, fuese cercana a los U$S 4.000.000 (cuatro millones de dólares). El Estado hizo uso de esos bienes y el que terminó pagando por tal concepto no fue otro que El Galpón y sus integrantes. Durante más de veinte años debieron trabajar para pagarle a los bancos préstamos hipotecarios solicitados para reparar los daños y las pérdidas provocadas por el terrorismo de Estado. Si la Institución hubiese tomado por el camino de la reclamación judicial, donde nadie tiene la menor duda del resultado, la cifra sería sencillamente multiplicada varias y varias veces (costos Sala Mercedes, equipamiento Sala 18, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., etc.). Con esto deseamos señalar que si el interés de El Galpón hubiese sido exclusivamente económico, sólo tenía que presentar un escrito en un juzgado y sentarse a esperar el cobro de una cifra multimillonaria en dólares. No tengan dudas, estaba en su legítimo derecho.
Sin embargo, El Galpón, ha entendido y entiende, que de haber reparación, la misma debía surgir como resultado de una decisión política y no judicial. Desde 1985 a la fecha, cada gobierno decidió lo que entendió conveniente. Transcurridos 22 años, el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez, no dudó en considerar de estricta justicia la reparación y detener un daño que se multiplicaba en el tiempo. Evitó con su iniciativa que el robo del 6 de mayo de 1976 continuara impune. El resto es anecdótico y forma parte de una cronología de hechos que no está de más conocerlos:
- Con fecha 20 de junio del 2007, se le envía carta al Presidente de la República poniéndolo en conocimiento, entre otros asuntos, de la situación límite por la que atraviesa la estructura de la sala César Campodónico (provocada por modificaciones en la época de la dictadura sin consideraciones técnicas mínimas) y la imposibilidad de continuar realizando inversiones vía préstamos bancarios cuyos pagos comprometen el trabajo de futuras generaciones. Se detallan las inversiones realizadas en estos 22 años a riesgo y costo del trabajo de sus integrantes. Se deja constancia que El Galpón no hará ningún tipo de reclamación, pero se entiende que los daños que el Estado le ocasionó a la Institución siguen sin ser considerados. Se solicita al Ejecutivo estudie posibilidad de reparación.
- El Presidente de la República comunica a la Institución Teatral El Galpón que ha solicitado informe al Ministerio de Educación y Cultura y remite copia del mismo.
- El Ministerio de Educación y Cultura eleva al Presidente de la República un informe contundente: «...esta Dirección Nacional de Cultura respalda el planteo de la Institución Teatral El Galpón vinculado a una eventual reparación económica justificada por los largos años durante los cuales - de manera ostensible - la misma fue ilegítimamente despojada de sus salas, en tiempos de dictadura militar...»
- El Ministro de Economía y Finanzas solicita a la Institución El Galpón que detalle por escrito estado de situación edilicia, económica-financiera, así como proyección de la propuesta de gastos e inversiones.
- El Galpón presenta documentación al Ministerio de Economía y Finanzas, donde partiendo de la base de una reparación mínima de U$S 2.000.000, se detallan los proyectos de gastos e inversiones. La cifra surge, como mencionamos anteriormente, sólo de una parte que por concepto de arrendamiento debió recibir la Institución y sin cuantificar ningún otro daño o pérdida. Se entiende que esa cifra es suficiente para solucionar los problemas edilicios; levantar la hipoteca patrimonial y restituir los puestos de trabajo a los integrantes.

- El Poder Ejecutivo eleva proyecto de ley al Parlamento.
- El 4 de diciembre es aprobado en el Senado.
- El 19 de diciembre se aprueba en la Cámara de Diputados

Esta breve cronología es la cáscara del asunto. Lo sustancial son los elementos desencadenantes. Enterados del proyecto, los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, manifiestan a la Institución teatral su total apoyo a la iniciativa por considerarla de estricta justicia. Algunos legisladores del oficialismo quedan sorprendidos por la aparición de un tema cultural en el contexto de las reparaciones. Desde el Partido Nacional, apoyado por su prensa y sus periodistas, salieron como nunca en la historia de nuestro teatro independiente a reclamar dineros para la actividad teatral. Tampoco nunca fuimos testigos de tanta generosidad con dinero ajeno. El dinero que el Estado le robó a El Galpón y que este Gobierno propone devolverle en parte, les ha resultado propicio para aliviar todos los males de todos los grupos teatrales. Es más, hasta hubo quien se preguntó si no era mejor quedarse con lo robado y destinar el dinero a la vacuna preventiva del cáncer uterino; otro opinó que sería bueno pasarlo para el SODRE; distribuirlo entre todos los grupos de teatro independiente; otros sugirieron comprar chalecos antibalas a los funcionarios del Ministerio del Interior; equipar teatros del interior, etc., etc. Estamos hablando, aunque Ud. no lo crea, de negar la deuda del Estado e, implícitamente, legitimar así el robo. Es decir, que el Estado no le regrese el dinero a su dueño y discutir «prioridades» y criterios de «equidad y transparencia» para distribuir el botín.
Que quede claro, están en su legítimo derecho y hay que respetar todas las opiniones, incluso los aspectos estratégicos que pretendieron hacer pasar a El Galpón de víctima del Terrorismo de Estado a un grupo privilegiado por una donación de un Gobierno amigo. Por cierto que están en su derecho, pero no menos cierto es que tendrán que rendir cuentas a la historia. Y son tiempos donde se reafirma que la mentira termina siempre aplastada por la verdad y la justicia.
Queda una formidable experiencia que se debe capitalizar para discutir las verdaderas entrañas de estos problemas: políticas culturales sin politiquería y con plata. Parece que las condiciones están dadas y, en ese sentido, el Galpón tendrá una enorme responsabilidad por su indiscutible prestigio y fortaleza. Seamos optimistas, esta reparación histórica, sin precedentes, habla por sí sola.